La ley preferente obligará al Estado a garantizar derechos de la infancia: Alonso Raya

Palacio Legislativo, 19 de octubre de 2014

Boletín No. 276

La ley preferente obligará al Estado a garantizar derechos de la infancia: Alonso Raya

·         Homicidios, violencia, abuso y comercio sexual, abandono, pobreza, hambre, carencia de servicios básicos, falta de cobertura educativa, entre algunas de las violaciones a sus derechos humanos de las que son víctimas, señaló

·         Resaltó la importancia de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que discute el Congreso, pero apuntó que será insuficiente si una vez aprobada no se refleja en políticas públicas necesarias, oportunas y eficaces

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, afirmó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya minuta discute la Cámara de Diputados,  obligará al Estado mexicano a garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la Constitución.

El diputado guanajuatense destacó la relevancia de una norma de esta naturaleza, en virtud del crecimiento de las cifras de homicidios, violencia, abuso y comercio sexual, abandono, pobreza, hambre, entra otras violaciones a sus derechos que sufren los infantes incluso en donde deberían ser protegidos, como en la familia, los albergues o las instituciones educativas.

Esta propuesta de ley enviada por el Ejecutivo Federal con carácter de preferente reconoce por primera a la infancia como sujetos plenos de derechos y garantiza su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción; poniendo fin al régimen tutelar.

Alonso Raya dijo que estudios de instituciones oficiales, organismos internacionales y organizaciones sociales, confirman el incremento de las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Recordó por ejemplo algunos datos del Informe Anual México 2013 del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, que informó que en 2012, 21.2 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, el 53.8% de la población menor de 18 años, estaba viviendo en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema.

En el caso de la desnutrición crónica en la niñez aún permanece alta, pues 1.5 millones  la padecen; en tanto que 45% de las niñas y  niños de 3 a 5  años se encontraban fuera de la escuela, 3 millones entre 5 y 17 años trabajan, y el 39% de ellos no asiste a la escuela. Asimismo, 55 y 62% de los adolescentes en secundaria señalaron haber sufrido alguna forma de maltrato en algún momento de su vida.

Además de la agresión de que son víctimas los estudiantes por parte de sus pares, el legislador mencionó los casos de abuso y violación sexual que se han presentado en escuelas públicas y privadas de 2000 a 2014, dados a conocer recientemente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

También puntualizó estudios de La Red por los Derechos de la Infancia en México, que han concluido que durante el gobierno de Felipe Calderón se registraron más de 1,800 muertes violentas de menores en hechos vinculados con la guerra contra el narcotráfico y en ninguno de esos casos se ha hecho justicia; mientras que al primer trimestre de 2013 de la administración de Enrique Peña Nieto, se contabilizaron 767 asesinatos de menores.

En virtud de esta situación, el coordinador perredista comentó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto  reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Establece una serie de obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como para las personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños o adolescentes, en proporción a su

responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia.

Entre otros avances en la materia, el diputado comentó que para evitar abusos en albergues, como el caso de La Gran Familia, la minuta que se analiza contempla aspectos básicos para la operación de los Centros de Atención, en donde se busca homologar las obligaciones de los centros de asistencia social tanto públicos como privados, para garantizar que exista una infraestructura adecuada y que las niñas, niños y adolescentes estén alojados en espacios idóneos a su género, a su edad y a su condición física y psicológica.

De igual manera, establece que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán la obligación, en el ámbito de sus respectivas competencias, el de realizar acciones y tomar, medidas de conformidad con los principios que rigen a la Ley.

Se crean a nivel federal y local las Procuradurías de Protección con el objeto de realizar un efectivo resguardo de los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y en la ley en comento. Prevé que las autoridades instrumenten políticas y programas de gobierno integrales, trasversales y con perspectiva de derechos humanos, estableciendo mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación a través del CONEVAL.

Finalmente, Alonso Raya comentó que esta propuesta que se convertirá en norma legal pretende garantizar y proteger plenamente los derechos de la niñez y la adolescencia plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales que México ha ratificado; pero solamente alcanzará sus objetivos si se refleja en políticas públicas necesarias, oportunas y eficaces