Debería de emitirse alerta generalizada por abuso y acoso sexual en las escuelas Miguel Alonso Raya

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                 

Palacio Legislativo, 15 de octubre de 2014

Boletín No. 274

Debería de emitirse alerta generalizada por abuso y acoso sexual en las escuelas, demanda Alonso Raya

·         De acuerdo con la CNDH, en 14 años se han presentado 190 quejas de este tipo

·         Las víctimas, desde educación inicial hasta media superior

·         Deben impulsarse leyes locales que garanticen la protección de los infantes y establecer sanciones más estrictas para los abusadores, demandó el diputado federal

En virtud del crecimiento de los casos relacionados con abuso sexual, acoso sexual, acoso escolar, violación y tocamientos en escuelas públicas y privadas, que han sufrido niñas, niños y adolescentes, desde educación inicial hasta media superior; el coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, llamó a las autoridades a tomar medidas urgente para erradicar esta lamentable y delicada situación en los centros escolares.

Luego de haber recibido, de 2000 a 2014, un total de 190 quejas relacionadas con abusos arriba citados, en las cuales se señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de educación de diversas entidades federativas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un total de 14 recomendaciones a la SEP, a los gobernadores y al Jefe de Gobierno del

Distrito Federal, para que tomen las acciones necesarias para proteger la integridad de los infantes y adolescentes en las escuelas.

Según la CNDH, las denuncias presentadas en estos últimos 14 años, hicieron alusión a 210 agraviados de los 0 a los 17 años, de los cuales 146 fueron niñas y 64 niños; respecto a las personas que presuntamente abusaron sexualmente de la niña o el niño, se observa que, de los 233 presuntos agresores señalados por los quejosos, 218 eran hombres y 15 mujeres, destacando que 107 eran alumnos y 126 formaban parte del personal del centro escolar donde ocurrieron los hechos.

Asimismo, destacó que 1 queja fue presentada por hechos ocurridos en educación inicial, 24 por casos suscitados en centros de educación a nivel preescolar, 71 en primaria, 52 en secundaria, 37 en educación media superior y 5 ocurrieron en centros de educación especial.

Documentó que eran 28 los agresores o servidores públicos involucrados en los hechos, de los cuales 21 eran hombres y 7 mujeres, quienes desempeñaban diferentes cargos en los centros escolares en los que ocurrió el abuso, quienes se desempeñaban como profesores, prefectos, personal de intendencia y empleados administrativos.

El Distrito Federal encabeza el primer lugar por el número de quejas por violencia sexual escolar, con 546; seguido de Veracruz, 190; Estado de México, 156; Jalisco, 139; y Guanajuato, 124.

Ante este panorama, Alonso Raya, de profesión docente, consideró que las recomendaciones deben convertirse en una especie de alerta generalizada por parte del sistema educativo nacional.

Afirmó que la alerta debe implicar una serie de acciones preventivas en todo el sistema educativo nacional, tales como mayores medidas de seguridad en las escuelas y alrededores, mecanismos que permitan detectar con oportunidad situaciones de riesgo para la comunidad estudiantil, capacitación continua al personal docente, de apoyo y administrativo; así como de atención y seguimiento en casos de denuncias, ampliación de los programas de educación sexual y violencia escolar para los alumnos, involucrar a los padres de familias y a la comunidad en estas medidas, entre otras.

Asimismo, ante la falta leyes locales en algunos estados que garanticen la integridad de los infantes y de sanciones estrictas que castiguen este tipo de conductas, el coordinador perredista destacó la importancia de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que discute el Congreso de la Unión.

Entre las bondades de esta norma, el legislador enumeró que diseña mecanismos de mediación, estrategias y acciones para la prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar; establece el principio y el derecho de vivir una vida libre de violencia, crea las Procuradurías de Protección, para una efectiva protección de niñas, niños y adolescentes y garantiza la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral infantil y juvenil.

Finalmente, Alonso Raya afirmó que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a las niñas y niños y adolescentes, de garantizar plenamente sus derechos

y de cuidar su integridad, por lo que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben ser de aplicación inmediata.