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lunes, 28 de julio de 2014

Pemexproa Agustín Miguel Alonso Raya



La reforma energética impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto y respaldada por sus aliados en el Congreso de la Unión, particularmente el PAN y el PRI, en ese orden, no sólo privatizará la exploración y explotación de los hidrocarburos y entregará parte de la renta petrolera a empresas nacionales e internacionales; sino que además crea una deuda ...que los contribuyentes tendrán que pagar los próximos 50 años, en virtud de que el Estado mexicano absorberá cerca de un billón 630 mil millones de pesos que suman los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

De esta manera se promueve lo que he llamado Pemexproa, en referencia al Fobaproa que el gobierno de Ernesto Zedillo instituyó en 1995 para rescatar de la crisis al ineficiente y corrupto sistema financiero mexicano. 

Ese billón 630 mil millones de pesos se sumará a la deuda nacional que se cubre con recursos públicos, que actualmente alcanza 6 billones 600 mil millones de pesos.

Con la decisión de asumir los pasivos laborales se avala el descuido, la irresponsabilidad, el enriquecimiento ilícito y el despilfarro de los recursos de Pemex y CFE en que han incurrido durante décadas una casta privilegiada de líderes y funcionarios; y que al final, como pasó con el Fobraproa, todos tendremos que pagar.

El pretexto para que el Estado mexicano absorba los pasivos laborales de estas empresas es que se pretende sanearlas para que estén en condiciones de competir en las condiciones del mercado que se generarán con las nuevas leyes.

En esta lógica, entonces también debería plantearse, por ejemplo, que el Estado mexicano absorba el pasivo laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, particularmente el vinculado al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, que asciende a 1 billón 858 mil millones de pesos, lo que permitiría al instituto mejorar la calidad del servicio, fortalecer su infraestructura y contratar más personal médico, entre otras acciones.

Al menos, esta decisión sería en beneficio de los derechohabientes y no para cubrir dirigencias sindicales y ex funcionarios ineficientes y corruptos.


Es en este sentido que en el PRD hemos reiterado que la propuesta de legislación secundaria en materia energética es la continuación de las reformas neoliberales privatizadoras que se han venido imponiendo desde hace tres décadas.

Los resultados de esta política están a la vista. En este lapso, la economía ha crecido en promedio 1.97 por ciento de 2001 a la fecha; el 60 por ciento de los empleos se encuentran en la economía informal; los salarios registran una caída mayor al 70 por ciento en términos reales; nuestro país es el único en América Latina en que la pobreza ha crecido en las últimas dos décadas y es el que registra la mayor desigualdad del ingreso en todos los países de la OCDE.

Los efectos se sienten además en el incremento de la violencia; en la falta de oportunidades de educación y empleo para la juventud; en la migración forzosa y el abandono del campo. Se mantiene un gobierno en el que prevalece la corrupción y el despilfarro del gasto público.

A pesar de estos resultados, el actual gobierno federal insiste en propuestas de este tipo. La reforma es incongruente con la necesidad de modernizar nuestro sector energético y de convertirlo en una palanca de desarrollo, generadora de empleos, de ahorro a largo plazo, de respeto al medio ambiente, a los derechos de los trabajadores y de las comunidades. Con esta reforma tampoco avanzamos en la transición energética y en la generación de tecnologías y energías limpias y sustentables.

Durante décadas, los gobiernos priistas y panistas se dedicaron a despilfarrar los excedentes petroleros, contener el desarrollo de la industria y posponer el cambio tecnológico, las inversiones y los ajustes que hubieran permitido modernizar a Pemex.

La situación actual de Pemex es resultado de la pérdida de cuadros técnicos, de la falta de capacidad operativa y de análisis para seleccionar apropiadamente la realización de estudios y proyectos de inversión en explotación y producción, contratos con empresas privadas que beneficiaron a una burocracia ineficiente y a camarillas empresariales que se les asociaron. 

Privatizar no es la solución; como tampoco lo fue en el caso de los bancos, del transporte ferroviario, de las telecomunicaciones. Los precios de los servicios, su calidad, así como la competitividad del país y la generación de empleos no mejoró con las privatizaciones.

Con esta legislación secundaria se institucionaliza la explotación del petróleo y la electricidad a manos privadas, a costa de que la Nación pierda ingresos que han servido para satisfacer necesidades de educación, salud, seguridad, empleo y crecimiento económico.

La reforma se propone desmantelar en los hechos a Pemex y a la CFE que han sido pilar del desarrollo del país desde hace más de 75 años. Se mantiene un régimen fiscal de derechos que lo saqueó por décadas, que le impidió acumular recursos para expandirse e invertir, para incorporar mejoras tecnológicas y ampliar su infraestructura; se le quitan áreas de exploración y explotación mediante la Ronda Cero; la supuesta autonomía de Pemex como empresa productiva de Estado es limitada por decisiones del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda.

Se manda a las empresas públicas a competir atadas de pies y manos. La intención no es crear una empresa productiva de Estado generadora de valor económico, autónoma presupuestalmente. Se busca desmantelarla y entregarla al capital privado, que evidentemente será el capital transnacional pues las empresas que puedan participar en el encadenamiento productivo sólo alcanzarán el 35% del contenido nacional.

Con la reforma, se crea un régimen laboral de excepción en el que los trabajadores no podrán ejercer derechos humanos elementales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por nuestro país.

La propuesta que se discute es irresponsable pues no contiene medidas precisas y fuertes de control. Se mantendrá la corrupción que caracteriza al sector en beneficio de intereses privados y de una casta de altos funcionarios que se han beneficiado (y se seguirán beneficiando) de este tipo de reformas.

El Fondo Mexicano del Petróleo de ninguna manera es un mecanismo de ahorro a largo plazo, mantiene la petrolización de las finanzas públicas y posterga el financiamiento para el desarrollo que debiera provenir de la renta petrolera, de los recursos que son propiedad de todos los mexicanos.

La reforma no traerá beneficios inmediatos para la población, no bajarán los costos de los combustibles ni de la energía eléctrica, los supuestos para que suceda son endebles. 

El propio gobierno federal e incluso el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que aglutina a la élite empresarial del país dirigida por Claudio X. González, que con tanto entusiasmo ha apoyado la reforma, ya reconoció que, sólo si se dan ciertas condiciones, la disminución del costo de estos servicios podría ocurrir hasta dentro de cinco años.

Es decir, la reforma no garantiza el abasto ni la seguridad energética del país; mientras que los empleos que supuestamente se generarán están sujetos a un bajo porcentaje de contenido nacional que fomente el desarrollo de las empresas locales, y de producción de hidrocarburos, y a ningún compromiso en el ámbito de la generación de electricidad.

Bajo esta perspectiva, en defensa del federalismo fiscal, debe hacerse un compromiso para que, como consecuencia de la reforma energética, no se reduzcan los ingresos de las entidades y municipios; la recaudación federal participable no se debe afectar; es necesario hacer efectivo el argumento del Ejecutivo Federal quien afirmó que la reforma no afectaría a los estados en términos de las contribuciones federales.

Asimismo, las comunidades y ejidos quedan desprotegidas ante las compañías petroleras al establecer que la exploración y explotación de los hidrocarburos son de interés social y de orden público. Esto implicará un despojo de la tierra con consecuencias sociales incalculables.

El sector de hidrocarburos sí requiere de una reforma que garantice la seguridad energética de nuestro país; el fortalecimiento de sus empresas; incentive el empleo y el desarrollo científico y tecnológico; que sea una palanca de desarrollo; y respete en todo momento los derechos laborales y el medio ambiente. 

Pero las iniciativas de leyes secundarias del Ejecutivo Federal no responden a tales criterios y es por esto que no las apoyamos.
En el marco del periodo extraordinario que inicia mañana en la Cámara de Diputados para discutir los dictámenes del paquete de iniciativas de leyes secundarias, que como ya es evidente serán aprobados por la mayoría priísta y panista, el PRD mantendrá firme su oposición a esta reforma y asumiremos una actitud crítica y propositiva de cara a la sociedad para plantear alternativas de beneficio colectivo. 

Nos pronunciamos por un debate de altura, en el que se muestren las dos visiones de país: uno a favor de México, el otro a favor de vender nuestro patrimonio al precio que sea.

Y mantenemos nuestra decisión de impulsar la Consulta Popular para que los ciudadanos opinen si están de acuerdo o no con esta reforma que entrega a la iniciativa privada la renta petrolera del país en detrimento de los mexicanos.

Ofic. del Dip. Agustín Miguel Alonso Raya
Vicecoordinador General
Grupo Parlamentario del PRD
LXII Legislatura
H. Cámara de Diputados
Tel. 57168317
Conm. 56281300
Ext. 8317, 3122
Cel. 0445548663280.

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